Reivindicación histórica para el pueblo yaqui
Un proyecto honesto de transformación nacional necesita una memoria histórica viva. El actual gobierno federal ha puesto un gran empeño en la reivindicación de los pueblos indígenas de México, atendiendo con ello dos compromisos de suma importancia: revitalizar el pasado común que nos une como nación, y dar atención prioritaria a quienes han sufrido agravios e injusticia con gobiernos anteriores.
De esto se trata el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. Para ponerlo en acción, la Sedatu ha jugado un papel muy importante, basado en la cooperación entre las Autoridades Tradicionales y un importante número de dependencias del Gobierno Federal dedicadas a garantizar los derechos a la tierra, agua, medio ambiente y bienestar integral de este pueblo ancestral de Sonora.
En el primer orden de importancia se encuentra la devolución de tierras de pertenencia yaqui, cuyo largo historial de destituciones ha lastimado su desarrollo social, económico y cultural durante generaciones. Nuestra tarea es atender cabalmente las solicitudes de las Autoridades Tradicionales, asegurándonos de que regresen a su tenencia más de 20 mil hectáreas. Por decreto presidencial, este 28 de septiembre se hizo entrega de casi 3 mil hectáreas nacionales, y están abiertas negociaciones con los propietarios legítimos de 18 mil más para poner a disposición del pueblo yaqui. Sedatu ha elaborado dictámenes, propuestas de decreto y contratos de compra-venta, supervisando que todos los procesos de devolución ocurran de forma legítima y transparente.
Por su parte, el Programa de Mejoramiento Urbano ha intervenido en los ocho pueblos, iniciando este año operaciones que concluirán en febrero de 2022. Con una inversión de más de 900 millones de pesos, se han instalado ocho guardias tradicionales, cuatro centros de desarrollo comunitario, tres planteles educativos, ocho polideportivos, siete centros de salud y 18 localidades de agua y saneamiento, entre otras obras de infraestructura pública que beneficiarán a 4 mil 500 familias de la región. Además, a través de la Comisión Nacional de Vivienda se han destinado 284 millones de pesos para apoyar a más de mil 700 familias yaquis con su vivienda.
Aquí menciono los compromisos que ocupan a la Sedatu en sus atribuciones más directas, pero lo cierto es que el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui representa un esfuerzo multilateral de amplio espectro. Se realizan acciones de rescate y difusión del lenguaje local; se implementarán nuevos modelos educativos y de salud, específicos para las necesidades, usos y costumbres yaquis; hay obras de infraestructura eléctrica y conservación de caminos, y proyectos estratégicos de actividad agrícola, manejo sustentable de recursos naturales y protección civil.
En todos estos trabajos, el diálogo entre los Gobernadores Tradicionales y la SEP, IMSS, INAH, INPI, Conagua y Semarnat, entre otras dependencias, ha sido un factor elemental de orden y concierto. Queremos hacer justicia, y sabemos que eso requiere comunicarnos con la gente, involucrarnos en los proyectos y ver al futuro como no se había hecho antes. La relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas ha entrado a una nueva era, en donde se legitiman sus autoridades y su historia gana visibilidad; en donde se reconocen sus tradiciones y el valor de sus culturas, y en donde se cumplen sin condiciones las necesidades de su gente.
El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui es una reivindicación de nuestra memoria y de nuestro patrimonio cultural. En él queremos dejar claro que, en el gobierno de la Cuarta Transformación, construimos un sistema de gobernanza que se sabe fuerte y solidario porque se reconoce diverso y plural. Sobre esa base se alza el bienestar y la justicia de quienes más lo necesitan.
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Este artículo fue publicado en Milenio el 6 de octubre de 2021
